Clemente Romero Olmedo, México infame

Al leer el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las múltiples vejaciones de migrantes en México hacia Estados Unidos, principalmente centroamericanos, me avergüenza tener como compatriotas a tantos desgraciados. La sola lectura de la narración de los hechos descritos en dicho reporte es escalofriante: secuestros masivos, vejaciones propias de campos de concentración, violaciones, asesinatos. Como nación, y como sociedad, somos una vergüenza mundial en trato migratorio.

La información fue recabada directamente de las propias víctimas, ya fuera que la trasladaran a organizaciones civiles, a la Iglesia católica o a delegados de las comisiones estatales y federal de derechos humanos. En el período de septiembre de 2008 a febrero de 2009, la CNDH documentó alrededor de diez mil secuestros, pagándose por un promedio de rescate de dos mil quinientos dólares por persona, dando por resultado ganancias por casi veinticinco millones de dólares.

Los estados con mayores índices de secuestros son los sureños y selváticos estados de Tabasco (estado con frontera con Guatemala), Veracruz y el norteño Tamaulipas, estados por cuyas fronteras se encuentra el camino más corto para acceder a la frontera con Texas. Los migrantes denuncian complicidad de autoridades locales en cada uno de los retenes. Los principios constitucionales de libertad, no discriminación, seguridad jurídica, legalidad, suscripción de decenas de tratados internacionales en materia de derechos humanos hacen agua ante la realidad.

En la práctica, el acceso a la justicia en el caso de los migrantes indocumentados en México es prácticamente inexistente: los artículos 67 de la Ley General de Población y 201 de su Reglamento prevén que todas las autoridades ante las cuales comparezcan los extranjeros para tramitar asuntos de su competencia deberán exigirles con antelación su legal estancia en el país: y si no pueden acreditarlo, están obligadas a remitirlos a las autoridades migratorias. Por lo anterior, si un migrante indocumentado víctima de un secuestro acude ante las autoridades, éstas podrán atender su denuncia, pero el resultado será probablemente la deportación y engrosar las estadísticas de delitos sin castigo: la impunidad. Reparación del daño, inimaginable. Pero claro, el gracioso Gobierno mexicano ofrece regularización del estatus migratorio de la víctima, si ésta acredita su condición como tal. Dice el Gobierno: “si no hay pruebas, ¿cómo puedo ayudarte?”. Para llorar. Preferible llegar a Estados Unidos. Prácticas más discriminatorias para una nación que se precia de democrática, impensable.

A reserva de cotejar la migración de asiáticos y africanos hacia Europa, la frontera de México con Estados Unidos tiene el mayor flujo migratorio del mundo. Anualmente, medio millón de mexicanos emigran a Estados Unidos. En los últimos tres años, las autoridades migratorias han asegurado a más de ciento cuarenta mil migrantes, predominantemente centroamericanos. En este universo de ida y vuelta de sueños y de voluntades, miles de personas sufren las peores vejaciones que un ser humano puede proferir a otro.

La CNDH recomienda coordinación de los tres órganos de gobierno, condena la impunidad y la discriminación, y reclama garantías para un efectivo acceso a la justicia y fortalecimiento de las organizaciones de atención a víctimas. Yo recomiendo algo más sencillo como primer paso: vergüenza colectiva ante este México infame.

 

 

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